El Govern de Illes Balears sigue su lucha contra el turismo de borrachera. La conselleria de Turismo lleva semanas trabajando en un paquete de medidas legales para acabar con los excesos en el consumo de alcohol, que puede derivar en peligrosas prácticas como el balconing.
Según ha informado Diario de Mallorca, de esta manera el Govern quiere huir de las iniciativas cargadas de buenas intenciones, pero que no dejan de ser simbólicas, como son los policías británicos (bobbies) que patrullan por las islas en verano o la instalación de hospitales de campaña en los puntos más calientes de ocio nocturno.
Ahora, se está ultimando un decreto ley que se centra en tres zonas conflictivas: Punta Ballena, ubicada en la localidad turística de Magaluf (Calviá, Mallorca), la calle del Jamón (Playa de Palma, Mallorca) y Sant Antoni de Portmany (Ibiza). La medida permitirá la actuación policial en estas zonas, así como las sanciones por venta descontrolada de alcohol en los puntos calientes y por su consumo en la vía pública.
Asimismo, fuentes del gobierno regional apuntan a multas de decenas de miles de euros a los establecimientos que ofrezcan bebidas espirituosas en determinadas condiciones u horarios. También contempla el cierre de los mismos hasta tres meses en plena temporada alta.
Restricciones en el ‘todo incluido’
Bajo el marco de este decreto, el Govern también limitará los ‘todo incluido’ de alcohol. En un primer momento lo hará en los destinos citados (Magaluf, Playa de Palma y Sant Antoni). Posteriormente, se regulará en el resto de destinos turísticos del archipiélago, a través de reforma de la ley general de Turismo. Se trata de una medida controvertida, que fracasó el año pasado y que algunos hoteleros criticaron con contundencia.
Respecto al balconing, los hoteles estarán obligados a “expulsar con efecto inmediato” a los huéspedes que lo practiquen. A su vez, se podrá sancionar a los establecimientos que no adopten medidas contundentes contra los visitantes que se precipiten de los balcones de las habitaciones a la piscina. El objetivo del Govern es que el decreto ley entre en vigor en verano de 2020.
Desde la conselleria de Turismo son conscientes de que con esta normativa están “restringiendo la unidad del mercado”. Y es que el decreto, al referirse a unas zonas concretas, entra en conflicto con la libertad de venta. Sin embargo, para evitar impugnaciones se justificará su aplicación por cuestiones de orden público e interés general.
Asimismo, desde Turismo se están recopilando los datos de pacientes afectados por comas etílicos o por haberse precipitado practicando balconing, con el consecuente gasto que ello conlleva, para acreditar la norma. Lo cierto es que el paquete de medidas ya ha tenido repercusión en diarios británicos como The Sun o Daily Mail.
