El alquiler turístico ilegal es un problema para Baleares desde hace tiempo. Debido a la masificación en el territorio, parar el uso alojativo de las viviendas particulares no reguladas es un objetivo político de primer orden. En este caso es Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, el que reclama mayor severidad respecto a los infractores, y demanda una ley autonómica que ampare a los Consejos y Ayuntamientos Insulares.
"La masificación no viene por la oferta legal, sino de la oferta ilegal, del uso y el abuso que se hace de la vivienda residencial como vivienda turística. El que haga esto ha de saber que todo el peso de la ley caerá sobre él. Además de una multa, hemos de poder precintar esas viviendas residenciales que se están destinando a uso turístico", afirmó Marí en una entrevista para el Periódico de Ibiza, en la que reclamó al Govern un marco normativo que impida el acceso a sus casas a los propietarios que alquilen reiteradamente viviendas de forma irregular.
En Baleares ya existe una regulación que permite sancionar económicamente este tipo de infracciones, e Ibiza en concreto aprovecha esta normativa de forma frecuente para frenar el problema del alquiler turístico ilegal.
Sin embargo, para el presidente esto no es suficiente, puesto que opina que "las sanciones tardan mucho en tramitarse y es difícil cobrarlas porque normalmente los que hacen el negocio son subarrendatarios".
7️⃣ En Ibiza estamos abandonados desde el punto de vista sanitarios y de los servicios básicos estatales
— Populars Eivissa (@PPEivissa) January 2, 2023
Esta isla es generosa con otros territorios, pero también necesita reforzar la sanidad, mejorar el sistema educativo, más presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad” pic.twitter.com/3qJ0HiUUIY
Marí reprochó además al Govern no haber contado con su participación en la redacción de la Ley de Turismo Balear, que, bajo su criterio, debería haber incluido la medida que permite precintar las casas, con la que "se podría evitar que el problema crezca y recuperar mucha vivienda para el mercado residencial".
Una promesa que viene de lejos
El equipo de Gobierno de Marí lleva varios años intentando que se impulse una norma que le dé potestad para cerrar los pisos turísticos ilegales. Sin embargo, en 2020 afrontó de forma diferente la negativa del Govern a desarrollar su idea, asegurando el vicepresidente Mariano Juan Colomar que cuando detectase el Consell "una vivienda explotada ilegalmente que no constituya el domicilio de nadie", se denunciaría el caso ante un juez para que este acuerde su precinto, de reincidir en el delito el arrendador.
Desde el mencionado anuncio, no se ha abierto ningún proceso en este sentido ni se ha precintado vivienda alguna.
