La regulación del alquiler vacacional en España es uno de los temas más recurrentes y polémicos de la industria turística. Hoteleros y ayuntamientos trabajan a nivel local, nacional y europeo para limitar la actividad de este tipo de negocios, al considerar su responsabilidad en el encarecimiento de la vivienda y la expulsión de los residentes. En Baleares, el sector de los alquileres turísticos se defiende.
"Un hotel está hecho y pensado para sobrevivir en el tiempo, mientras que una vivienda se dedica al alquiler vacacional unos diez años de promedio. No estamos en contra del decrecimiento, lo que no puede ser es que el 100% de este se produzca en el alquiler vacacional", afirmó Maria Gibert, gerente de la patronal del alquiler vacacional en el archipiélago insular Habtur, en referencia a la nueva Ley de Turismo balear.
Y es que dicha normativa incluye una moratoria que prohíbe la concesión de nuevas plazas turísticas de alojamiento durante los próximos cuatro años, que estaría afectando principalmente a las viviendas de uso turístico. "El alquiler vacacional está criminalizado, consideramos que ya hemos perdido muchas plazas y que ahora debe trabajarse en la desaparición de plazas hoteleras obsoletas", añadió al medio Última Hora Antoni Barceló, presidente de Habtur.
Gibert expone que los arrendamientos turísticos tienen una vida más corta, ya que con frecuencia los propietarios deciden cesar la actividad alojativa y hacer uso de su vivienda. Cuando esta plaza turística se libera, no sale a la bolsa de compraventa por la mencionada limitación legal, y por ende, el sector de los alquileres turísticos estaría perdiendo rápidamente su volumen de negocio.
Así, Habtur acepta tomar de referencia el techo de decrecimiento marcado en 2020 por el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), que establece un techo de 430.000 plazas turísticas en Baleares, pero exige que la reducción se suceda de forma regulada y proporcional entre hoteles y alquileres vacacionales.
