Apenas un día después de que, a causa de un incendio, se volviese a poner el foco mediático sobre la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, el Gobierno de España ha decidido dar marcha atrás y suspender la inversión prevista de 1.700 millones de euros.
Según adelanta El País, la falta de consenso entre las entidades implicadas en dicho proyecto —el Gobierno Central, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona— les ha llevado a tomar dicha decisión.
Si bien el consistorio de la Ciudad Condal siempre se ha posicionado entre los detractores a la ampliación, el gobierno autonómico se encontraba entre las entidades a favor, manteniendo diversas reuniones con el Ejecutivo Central de cara a desarrollar el proyecto. Sin embargo, el pasado viernes 3 de septiembre Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, se pronunció en contra. El cambio de criterio podría deberse a que en ese mismo día se hizo público que la ampliación supone afectaciones sobre finca privada La Ricarda, un paraje que está protegido como parte de una reserva natural incluida en la Red Natura 2000, una malla verde que comprende 26.000 puntos naturales distribuidos por toda Europa. Asimismo, la Casa Gomis, que se encuentra en dicha finca, fue declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoría de Monumento Histórico. Esta declaración incluye el edificio y su entorno de protección.
¿Qué ocurre ahora con la ampliación?
Ahora, la gestora aeroportuaria público-privada Aena retirará de su Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26 (DORA) la ampliación de El Prat, antes de que dicho documento sea aprobado por el Consejo de Ministros este mismo mes.
Esto no elimina la posibilidad de que en un futuro se pueda retomar la ampliación del aeródromo, previo acuerdo entre Aena, el Gobierno, la Generalitat y demás entidades implicadas.
