El Ayuntamiento de Barcelona ha afinado su ataque contra los alojamientos ilegales a favor de “un turismo justo y sostenible”.
El Consistorio ha instalado habitaciones simuladas bajo el lema ‘Que esta cama esté disponible en internet no quiere decir que sea legal’ en la Plaza de la Catedral, la playa de la Barceloneta y en el entorno de la Sagrada Familia. Desde ellas se facilita información y se da a conocer la web www.fairtourism.barcelona que permite consultar si las viviendas son legales o no y denunciarlas.
También se están distribuyendo carteles en la vía pública en los distritos más turísticos: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia y Sant Martí, se ha lanzado la acción en las webs de contratación de viajes a Barcelona desde la ciudad de origen de los turistas, se comparten mensajes en las redes sociales y se distribuyen folletos en los puntos más turísticos en catalán, castellano, inglés y francés.
El martes el Ayuntamiento mantuvo una reunión con Airbnb donde se entregó a la plataforma una lista de 1.036 alojamientos con orden de cese que aún se anuncian en internet. Se ha pedido a la compañía que los retire de su buscador en el plazo de un mes. Airbnb se ha comprometido a dar respuesta en el plazo de una semana. Además, también se le pide que colabore en la elaboración de un protocolo que evite la publicación de apartamentos ilegales.
Entre enero y junio el Consistorio ha dictado 1.068 órdenes de cese y ha abierto 1.461 procedimientos sancionadores, unas cifras que llegan casi a las que se alcanzaron en la totalidad de 2016, con 1.289 órdenes de cese y más del doble que las registradas en 2015, cuando llegaron a 398. Además de esto, los ‘visualizadores’ que se han contratado para detectar en la vía pública los posibles casos han detectado entre mayo y junio pisos infractores.
