Tras 20 años, Gran Canaria cuenta con un nuevo Plan Insular de Ordenación (PIOGC) que marcará las líneas estratégicas de la ordenación en los próximos 25 años. Sin embargo, para descontento de los empresarios turísticos, vuelve a dejar sin resolución el conflicto entre actividad industrial y turística en el Puerto de Santa Águeda, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Y es que el plan aprobado por el pleno del organismo insular incluye una mención timorata al conflicto sobre dicho puerto. Al igual que su antecesor, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO) de 2003, indica que el uso del puerto es turístico-deportivo, pero no exime de la posibilidad de que las instalaciones sigan usándose por más tiempo por parte de la empresa cementera que ocupa los terrenos desde 1957. “Lo único que dice el PIO es que su uso será turístico cuando no haya concesión”, ha explicado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, a MaspalomasAhora.

De esta manera, desde la corporación grancanaria dejan la pelota del enfrentamiento entre empresarios turísticos y la empresa CEISA en el tejado del Gobierno de Canarias, quien tomará la última decisión con respecto a si prolonga o no la concesión a la cementera, que terminó en octubre de 2022 —a pesar de que los empresarios turísticos de la zona defienden que terminó en marzo de 2020—. No obstante, Puertos Canarios solo tiene en cuenta el plazo de octubre de 2022, fecha previa a la que se inició un trámite administrativo, en tiempo y forma, para otorgarle un nuevo título concesional a CEISA. Hasta que se resuelva el mismo, la cementera mantendrá "los derechos y obligaciones de gestión y explotación de las instalaciones portuarias en los mismos términos y condiciones en los que se venía desarrollando". Y todo apunta a que el expediente será favorable, ya que consejeros del ejecutivo autonómico ya se han decantado públicamente por conceder una concesión temporal de 6 años a CEISA para que traslade la fábrica de cemento al Puerto de Arinaga (Agüimes).

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