Durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias ha dictado un total de seis sanciones contra dueños de apartamentos en complejos turísticos por no querer alquilarlos y hacer un uso residencial de ellos. Esto incumple la Ley Turística de 2013, lo que ha supuesto numerosos conflictos legales a propietarios canarios, un problema que se acentúa en la isla de Gran Canaria.
Los expedientes han sido tramitados entre los años 2020, 2021 y 2022, según ha informado la propia Consejería de Turismo a la agencia EFE. Las sanciones impuestas van desde los 2.253 euros a los 9.015 por infracciones “muy graves” de la legislación autonómica. La mencionada Ley estipula que dichos inmuebles deben dedicarse al uso turístico establecido por el planeamiento.
La única excepción a dicha Ley son aquellos propietarios que demuestren que han dado al inmueble un uso residencial desde antes de 2017.
Los empresarios del sector turístico se han opuesto durante años al uso residencial de estos inmuebles porque, según denuncian las diferentes patronales, degrada el destino, además de suponer una incompatibilidad de horarios y usos entre quienes viven en este tipo de apartamentos y quienes se alojan allí durante sus vacaciones.
Del lado opuesto se encuentra la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, una entidad que promueve la modificación de la norma. Esta asociación considera que la actual normativa genera inseguridad jurídica porque “vulnera el derecho a la propiedad”, en palabras de su presidenta, María Isabel Doreste.
