El decreto ley impulsado por el Govern de Cataluña para cercenar gran parte de la oferta de pisos turísticos de la comunidad autónoma se ve amenazado ahora por la oposición de muchos alcaldes, que consideran que la norma invadiría las competencias municipales.

Esta nueva regulación, que prevé el cierre decenas de miles de viviendas vacacionales en la región, será sometida a votación parlamentaria este miércoles y, en caso de aprobarse, supondrá el cierre de unas 28.000 unidades alojativas en 47 municipios, al establecer un tope de 10 pisos por cada 100 habitantes en cada localidad.

Según indica El País, la propuesta impulsada por el Ejecutivo liderado por Pere Aragonès (ERC), depende del apoyo de PSC y Junts per Catalunya para sacar adelante el decreto. Sin embargo, son muchos los regidores municipales de ambos partidos los que se han mostrado en contra de una medida que, alegan, ha sido pensada únicamente desde la perspectiva de la problemática residencial y sin contar con la opinión del sector turístico. El inconveniente para muchos términos municipales de costa y hasta de montaña radica en que su actividad económica depende casi en su totalidad de estos alquileres vacacionales, que también impactan en el ocio, el comercio y la restauración.

“Un ataque a la autonomía local”

El alcalde de uno de los principales municipios turísticos de Cataluña, como Salou, Pere Granados (PSC), califica al decreto de “ataque a la autonomía local”. En esta localidad de la Costa Daurada la norma supondría el cierre 6.600 viviendas de uso turístico. Por ello, Granados considera que el criterio debería ser el número de turistas, y no la población, y prevé una cascada de impugnaciones por parte de los propietarios afectados, tal y como ya advirtió la patronal autonómica, Federatur.

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