La Comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados sobre el vuelo JK5022 de la aerolínea Spanair accidentado el 20 de agosto de 2008 ha elaborado una propuesta de dictamen en la que señala como responsables políticos del incidente a toda la cúpula que formaba parte del Ministerio de Fomento en aquella época y del aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas, así como al fabricante del avión, Boeing, y a los directivos de la propia compañía aérea.

Principales conclusiones del dictamen

  • Ministerio de Fomento: Según la propuesta de la Comisión, “se había otorgado a Spanair de forma automática, sin mediar inspección, la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad del avión siniestrado”, basándose en una circular dictada por la Dirección General de Aviación Civil (dependiente del Ministerio). El original de dicho documento, a pesar de haber sido solicitado por la Comisión, nunca fue remitido debidamente firmado.
  • Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas: La investigación también señala a la cúpula del aeródromo como responsables del difícil acceso al lugar donde se encontraba el avión siniestrado, lo que retrasó las labores de los servicios de emergencia para atender a los posibles supervivientes.
     


 

  • Boeing: Se apunta al fabricante estadounidense, debido a que el mismo modelo de avión (MD-82) ya había registrado anteriormente averías como las que provocaron el accidente de Spanair como los  fallos técnicos en la sonda de temperatura RAT y la posterior desconexión del fusible Z-29. Además, la alarma TOWS (Take Off Warning System), que debería haber advertido de la configuración incorrecta de la aeronave, no funcionó.
  • Directivos de Spanair: En una parte del informe, se menciona que los pilotos, ante el retraso del vuelo —debido a los fallos técnicos—, actuaron “presionados por el compromiso asumido por la aerolínea mediante campaña publicitaria de devolver el importe de los pasajes en caso de salidas impuntuales”, así como por el hecho de que la compañía había presentado un ERE (1.200 empleados) ese mismo día. Además, Spanair venía atravesando una serie de dificultades económicas y la normativa europea obliga a que “para garantizar servicios confiables y adecuados, es necesario garantizar que las compañías aéreas operen en todo momento de acuerdo con criterios de buena gestión económica”.

Según informa el diario El Día, ahora comienza un plazo para que los diferentes partidos políticos puedan presentar sus enmiendas al informe elaborado por la Comisión, antes de que se vote el texto definitivo que se elevará al Congreso de los Diputados durante las próximas semanas. La Comisión tiene previsto cerrar la investigación en abril.