El temor a las multas contempladas en la normativa del alquiler vacacional, de hasta 40.000 euros para los particulares, ha provocado que la oferta de viviendas turísticas se desplome un 35% en el último año.
Según informa El Mundo, al miedo a las sanciones se unen las dudas de si podrán seguir alquilando sus inmuebles bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). De las casi 587.000 viviendas que hay en Baleares, 40.675 se alquilan a turistas, ya sea de forma legal o irregular, lo que representa un 6,9% del total del parque residencial del archipiélago.
Un estudio encargado por la Federación de Asociaciones de Vivienda y Apartamentos Turísticos (Fevitur), explica que por muchas viviendas que se “devuelvan al mercado” el precio “va a seguir subiendo”. Con lo cual, aseguran, que la actividad apenas ha tenido incidencia en la subida espectacular que han sufrido los alquileres en lugares como Palma, con un 40% de aumento en los últimos años.
El análisis ha desvelado, además, que el crecimiento de la oferta ante la demanda de vivienda para estancias vacacionales no ha afectado al negocio hotelero, que en temporada alta ha rozado el lleno durante el último lustro.
