Canarias podría sumarse a la ola prohibicionista de compra de viviendas a los extranjeros. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, cree que la abundante compra de inmuebles por parte de extranjeros está provocando negativas consecuencias sociales y medioambientales a la isla, razón por la que su partido político, Nueva Canarias, ha impulsado que el tema sea tratado próximamente en una comisión parlamentaria. Baleares, otro de los territorios eminentemente turísticos a nivel nacional, ya ha planteado la posibilidad de legislar en este sentido.

"Hay que tomar medidas y espero que las conclusiones a las que llegue el Parlamento nos permitan tener un marco que convenza a Europa de que aquí tenemos que actuar con políticas distintas, para frenar un crecimiento de población que puede generar problemas para nuestra supervivencia", afirmó Morales en una entrevista para la Cadena Ser, en la que vinculó la llegada de inversores extranjeros a la pérdida de biodiversidad. 

Sin embargo, casos similares como el que debate Baleares o el que recientemente ha ejecutado Canadá —ningún extranjero no residente en el país podrá adquirir viviendas en los próximos dos años— se centran en el encarecimiento de la vivienda para los habitantes locales como principal perjuicio de la inversión foránea. En Canarias, el precio de la vivienda creció un 8,1% durante el tercer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, cinco décimas más que la media nacional, según marcan los datos del INE.

Se dispara la compraventa de viviendas por extranjeros en los principales destinos turísticos
 

La compraventa de vivienda libre por extranjeros aumentó un 52,7% en los primeros seis meses de 2022, respecto al mismo periodo de 2021, representando un 20,3% del total de compraventas a nivel nacional. En concreto, los extranjeros no residentes efectuaron el 45,7% de las operaciones, disparándose un 106,1% este tipo de adquisiciones respecto al primer semestre de 2021. El incremento fue liderado por Canarias (88,6%), a la que siguió la Comunidad Valenciana (78,0%) y Andalucía (62,3%).

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