Varias comunidades autónomas están presionando al Gobierno Central, con el objetivo de modificar la 'Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social', la normativa que regula, entre otras cosas, el acceso al sistema de salud público español por parte de los ciudadanos foráneos. Y es que una serie de regiones, especialmente las que acogen más turismo, deben asumir la factura que generan las visitas médicas de personas que no contribuyen con sus impuestos al desarrollo del tejido sanitario.
Para acabar con el llamado 'turismo sanitario', varias regiones proponen un modelo basado en cobrar vía datáfono la asistencia sanitaria recibida antes de dejar el propio hospital, para que el cobro de la asistencia vuelva directamente a las cuentas autonómicas. Aproximadamente, la asistencia médica urgente a turistas extranjeros genera un gasto que de 1.500 millones al año. De este dinero, apenas se recupera un tercio, unos 500 millones.
Sin embargo, no solo los pacientes extranjeros estarían en el punto de mira de las comunidades, ya que los desplazados sanitarios intranacionales —visitantes de otras Autonomías—, también suponen un serio perjuicio a las comunidades autónomas que atienden una mayor cantidad, puesto que provocan un gasto adicional no estimado, aumentan las listas de espera y dificultan la tarea para facturar el importe con posterioridad.
Informa el medio especializado Redacción Médica que la Comunidad de Madrid, Baleares y la Comunitat Valenciana son los territorios más afectados por estas dinámicas. El Consell de este último, cifra la deuda generada por esta problemática en 803,2 millones de euros, y ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar este dinero al Gobierno Central.
