La mesa de trabajo constituida por el Gobierno de España para regular el alquiler de temporada —muy vinculado al sector turístico—, que ha quedado fuera de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en mayo de 2023, busca soluciones para regularlo e incentivar el residencial.

Los contratos de alquiler temporal están reservados, en principio, a estudiantes y trabajadores desplazados puntuales, como es el caso de los fijos discontinuos del sector turístico que trabajan en destinos estacionales y los nómadas digitales. Sin embargo, al tener esta tipología contractual menos exigencias que la aplicada a los arrendamientos de vivienda habitual, está siendo utilizada cada vez más por los propietarios para esquivar la nueva legislación.

Los alquileres habituales prevén una serie de condicionantes para proteger el acceso a la vivienda con mayor intensidad que en los arrendamientos de temporada. Así, un contrato de arrendamiento residencial ofrece un sistema de prórrogas obligatorias y tácitas, limita la exigencia de garantías adicionales a la fianza o libra al arrendador de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, entre otros elementos.

Esta modalidad está restringiendo la oferta del alquiler tradicional, principalmente en las denominadas áreas tensionadas del centro de las principales ciudades del país. Desde la entrada en vigor de la primera normativa estatal de vivienda, los alquileres de temporada han crecido un 40% en el último año. Por el contrario, las ofertas de viviendas de alquiler permanente han caído un 12% en términos interanuales, según datos recogidos La Vanguardia.

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