Los propietarios de los 18 establecimientos de restauración ubicados en La Lonja, una de las principales zonas turísticas de la ciudad de Palma (Mallorca), se plantean reclamar que los responsables del Ayuntamiento de Palma respondan con su patrimonio personal a las pérdidas registradas a consecuencia de la aplicación del decreto del 1 de abril de 2019, que imponía el cierre de estos establecimientos antes de las 23 horas.
Según informa Mallorca Diario, el pasado 5 de marzo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 3 de Palma declaró nulo dicho decreto, que no está relacionado con las normativas similares que se han aplicado para limitar el avance del Covid-19. El tribunal consideró que no se siguió el proceso administrativo correcto y estableció que los empresarios tendrán que ser indemnizados por la pérdida patrimonial que supuso esta decisión del consistorio palmesano.
Ahora, Restauración CAEB y la Plataforma ‘Sí a las terrazas’ valoran la posibilidad de apuntar directamente a las personas que tomaron la decisión en su momento. Más concretamente a Aurora Jhardi, por entonces regidora de Funció Pública i Govern Interior en el ente municipal. Si la demanda de responsabilidad patrimonial prospera, Jhardi tendría que hacer frente a indemnizaciones “calculadas en unos cientos de miles de euros”.
Desde las citadas plataformas destacan que el decreto supuso un gran perjuicio para los empresarios, viéndose muchos de ellos obligados a cerrar y trasladarse. “Se trata de establecimientos que están situados en una de las zonas turísticas por excelencia de la ciudad y en la que el servicio era de cenas, no de comidas, y no poder ofrecer ese servicio de cenas más allá de las 22.00 horas supone un perjuicio para ellos, ya que sólo se puede cenar en un primer turno, a las 18.00 horas o 19.00 horas de la tarde y, teniendo en cuenta que en verano se cena más tarde, ese decreto imposibilita hacerlo”, explica Alfonso Robledo, presidente de la patronal de restauradores de Baleares.
