“Los hoteleros han pasado de rechazar la vivienda turística a convertirse en grandes inversores. Esto es extraordinario, porque han visto que esto es una realidad del mercado y están ajustando su inventario a ello”. Así lo ha declarado el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Tolo Gomila, al ser preguntado por el rechazo hotelero a las viviendas turísticas por el diario Las Provincias.

En la citada entrevista, Gomila puso de relieve el peso de la oferta turística extrahotelera: 63.500 millones de euros, según datos del INE. También, su aportación de 8.500 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo con un estudio de la Universidad de Salamanca. En el caso de la Comunitat Valenciana es de unos 720 millones de euros. 

Al mismo tiempo, arremetió contra la norma autonómica que regula las viviendas turísticas en Valencia que, entre otros requisitos, exige que la propiedad esté ubicada en primera planta o bajo para poder ser explotada legalmente. "La normativa del Ayuntamiento de Valencia no es proporcional y es absolutamente injusta", señaló a este respecto, aunque aseguró que Fevitur lleva "una serie de sentencias ganadas en otras ciudades con legislación similar que indican que no se ajustaban a derecho". 

Por el contrario, alabó la ley de la Comunitat Valenciana, incidiendo en que "es un buen ejemplo". "Ha sido una ley consensuada con todos los actores del sector y se ha hecho también un informe económico para ver la aportación que tiene sobre la economía". 

Encarecimiento del alquiler convencional

Al ser preguntado por el papel de las viviendas turísticas en el encarecimiento de los alquileres convencionales, Gomila manifestó: "Primero hay que ver cuánto pesan las viviendas turísticas sobre el parque residencial de la región. En la Comunitat el peso es del 2,2%. La incidencia del impacto que puedas tener siempre va en relación con su peso en el parque de viviendas". 

Así, mencionó algunos ejemplos en los que este tipo de viviendas no han tenido impacto en el alquiler tradicional. "En Palma de Mallorca hemos tenido un año de moratoria y la realidad es que se ha reducido la oferta en un 65% y que el precio del alquiler residencial ha aumentado 27%. Con lo cual, se demuestra que no hay una relación directa entre vivienda turística y el parque residencial".

"Valencia debería ver el fracaso de otras normativas tan restrictivas, que encima están judicializados. Prohibir por prohibir cuando lo haces por sesgo identitario no puede ser, reclamamos objetividad. La realidad es que después de estos dos años de regulación y sentencias, el sector se está acomodando y está decreciendo", sentenció. 

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