La policía autonómica de la Comunidad Valenciana ha realizado un registro de la isla de Benidorm para analizar la legalidad del restaurante que opera en la isla y las condiciones de trabajo de los empleados.
El establecimiento lleva abierto desde 1967 y según consta en actas y documentos judicializados no tiene permiso o autorización para realizar su actividad.
Durante la inspeccion los agentes de seguridad buscaron el permiso de apertura, los datos del propietario, el abono de las tasas correspondientes, o la inscripción en el registro de Actividades Turísticas, entre otros documentos, que, según fuentes fidedignas, la persona encargada no pudo aportar.
Algunos de los empleados del restaurante que habían sido detectados sirviendo mesas intentaron huir sin éxito. En los interrogatorios los trabajadores afirmaron que el propietario y responsable del establecimiento es José Cervera Rodríguez, que también consta como apoderado de las empresas que ofrecen la ruta de barcos entre la costa de Benidorm y la isla.
Además de esta acción, el pasado 11 de febrero un equipo de la Consellería de Agronatura inspeccionó la zona. Los técnicos en esa ocasión se mostraron sorprendidos “tanto por el deterioro medioambiental vegetal, especialmente por la presencia de plantas y arbustos incluyendo especies invasoras como el cactus, absolutamente extraños al ecosistema de la isla y que alguien debió plantar porque le parecería exótico”.
Antoni Marzo, director general de Medi Ambient de la Consellería de Agricultura y Medio Natural, ha declarado que: "No podemos desvelar de momento el contenido del informe ya que está todavía en fase de actuaciones previas, porque tras la inspección a la Isla de Benidorm se ha constatado que esto afecta a competencias de instancias diferentes administraciones, como es el propio Estado, en su demarcación de Costas, por otra parte a la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, el departamento de Sanidad Ambiental de la Consellería de Agronatura, el Ayuntamiento de Benidorm y otras más”.
Uno de los planes previstos después de que se solucione la situación judicial actual es la recuperación del ecosistema de la zona, así como la limitación de visitantes para alcanzar este objetivo.