Según las empresas de alquiler turístico de Baleares la ley de alquiler turístico de la región es “prácticamente imposible” de cumplir e interfiere con otras leyes estatales. 

Tolo Gomila, miembro de las junta directiva de Fevitur ha declarado que “no es una regulación, sino una prohibición que lo que hace es perjudicar a las familias de Balears” por ser “confusa y desproporcionada” con los que alquilan sus viviendas. Además “daña la competencia y beneficia de manera clara a un sector del alojamiento en concreto que aprovechará para consolidar aún más su posición dominante”.

Un total de once empresas, ADigital, Fevitur, Airbnb, Homeaway, Rentalia, Fotocasa, Pimeco, SpainHolidays, Novasol, Pimem y Aptur, se han unido para presentar un manifiesto en el que exponen que más de 20.000 ciudadanos “podrían dejar de percibir unos 100 millones de euros al año, ingresos extra que usan para hacer frente a sus hipotecas y otras deudas o gastos que, en caso contrario, no podrían asumir”.

A su vez, argumentan que los negocios locales que no se encuentran en zonas turísticas “dejarían de ingresar unos 900 millones de euros al año”.

Por su parte, Joan Miralles, de Aptur Baleares ha pedido al gobierno balear que cuando hable de alquiler turístico “no lo asocie a un adjetivo peyorativo”. 

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