El borrador de la reforma del alquiler vacacional impulsada por el gobierno de las islas Baleares disgusta a la mayoría de los colectivos y sectores de la industria turística, provocando cientos de quejas en ambos sentidos. En concreto, la normativa ha recibido más de 300 alegaciones. 

Muchos aducen que se trata de una medida laxa que no lucha contra la masificación ni contra el arrendamiento no regulado. Para otros, sin embargo, es demasiado exigente para con los visitantes que llegan a las islas. La confrontación de intereses es de tal magnitud que hoteleros y ecologistas piden la prohibición total del alquiler vacacional en viviendas no reguladas; mientras que por otro la patronal del arrendamiento turístico exige libertad total de explotación.

Lo mismo con el techo de plazas: mientras colectivos ecologistas critican al Govern por no fijar un máximo de plazas para alojar a turistas en las islas, los hoteleros y los gestores de apartamentos turísticos lamentan que el ejecutivo haya creado un número máximo de camas para turistas en las islas.

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