El alquiler de patinetes eléctricos se ha convertido en una actividad en auge en Málaga. En la actualidad, el área de Movilidad del Ayuntamiento ha contabilizado 438 vehículos de estas características, los cuales están gestionados por las sociedades Lime, Ufo, Tier y Voi.
Según ha informado Sur, la ciudad goza de gran atractivo para las empresas de alquiler de estos patinetes, debido a su buen clima, a un Centro peatonalizado casi por completo, a la afluencia turística y al limbo normativo en el que se enmarca esta actividad, tanto en los aspectos de tráfico como fiscales.
El proceso de alquiler de estos vehículos, independientemente de la sociedad que los gestione, es similar. Mediante una aplicación móvil se pone en marcha el patinete y se realiza el pago. En muchos casos, incluso, estas empresas han llegado a acuerdos con entidades privadas para utilizar espacios de la vía pública para aparcarlos, como pueden ser terrazas de bares y restaurantes, hoteles o superficies con concesiones.
A este respecto, la edil de Movilidad de Málaga, Elvira Maeso, confesó al diario citado que la ordenanza solo permite el uso de estos vehículos en la acera, respetando la prioridad del peatón y a una velocidad igual o inferior a los 10 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, está prohibido estacionarlos en la acera, salvo que se lleguen a acuerdos con espacios privados como los anteriormente nombrados.
Quejas vecinales
Los ciudadanos han mostrado su malestar ante la presencia de estos vehículos, principalmente las personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad visual. Estos vecinos se quejan, mayoritariamente, del abandono de los patinetes en medio de las aceras, impidiendo así el tránsito normal. También, que se utilicen como objeto de actos vandálicos. Mientras, Maeso ha confesado que se está trabajando en una nueva ordenanza de vía pública que permita la retirada inmediata de elementos abandonados.
A su vez, la edil ha recalcado la falta de herramientas legales que existen para actuar sobre esta actividad e insistió en que, mientras no cambie la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), no se podrá modificar la ordenanza. Lo cierto, es que la DGT tiene la competencia exclusiva sobre el tráfico y circulación, homologación de velocidades máximas o el uso de menores, entre otros.
