La Comunidad Valenciana ya cuenta con más de 73.000 pisos turísticos legales, es decir que están registrados en la Agència Valenciana de Turisme, cifra que se aproxima a las 300.000 plazas hoteleras existentes en toda la comunidad. Tan solo en la ciudad de Valencia, la oferta de alquiler vacacional supone casi el 50% del número de plazas disponibles.
Según ha informado eldiario.es, de estas 73.000 viviendas vacacionales, 44.277 se encuentran en Alicante; 14.664 en Valencia; y 14.111 en Castellón. En lo que va de año, se han registrado 4.300 pisos nuevos, 551 más de los que se dieron de alta en 2017 (3.749). Asimismo, existen 47 expedientes sancionadores abiertos a titulares de estos apartamentos y 31 a plataformas que ofertan estas viviendas.
Por otro lado, el informe El turismo en la Comunitat Valenciana 2017 cifra en 123.000 las plazas hoteleras disponibles, ese año, en todo el territorio valenciano. El pasado mayo, las Corts Valencianas aprobaron la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, que permite a los ayuntamientos regular el alquiler vacacional. En este sentido, los propietarios que quieran inscribir sus alojamientos en el registro de la Agència Valenciana de Turisme, lo cual es obligatorio para poder arrendar el piso como turístico, requerirá de un informe de compatibilidad urbanística elaborado por su ayuntamiento.
A este respecto, el Partido Popular valenciano ha propuesto cambiar dicho informe de habitabilidad por una licencia de primera ocupación o antigua cédula de habitabilidad, que requiere de la visita de un técnico municipal a la vivienda. De esta forma, se pretende desbloquear el registro de nuevos pisos. La nueva normativa también ha endurecido las sanciones a las viviendas turísticas ilegales, que ascienden a 600.000 euros por incumplimientos reiterados.
La ciudad de Valencia, a su vez, alberga 4.714 apartamentos turísticos, de los que la mayoría son ilegales. El resto, cerca de 2.500, son alquilados sin ningún control y supone casi el 50% del número de plazas disponibles en la urbe, por lo que el Ayuntamiento ha decidido intensificar las inspecciones y se plantea la posibilidad de imponer una tasa. Mientras, la patronal hotelera Hosbec ha alertado de que la oferta de la plataforma Airbnb ya supera a la hotelera de la ciudad.
