El próximo 15 de enero arrancará en Madrid el juicio por el caos aéreo generado el 3 y el 4 de diciembre de 2010, que obligó al cierre del espacio aéreo español y llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma. 133 controladores aéreos están acusados de un supuesto delito de abandono del servicio público al participar, según la Fiscalía de Madrid, en un "paro colectivo" que afectó a 700.000 viajeros y a más de 5.000 vuelos, de los que 1.352 fueron cancelados.
Según informa El Períodico, del total de 133 acusados, 119 ya han alcanzado un acuerdo previo con la Fiscalía cuyos detalles se darán a conocer justo al comienzo del proceso en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid. De esta forma harían frente a multas inferiores a las originalmente previstas.
Las multas más altas, de 75.000 euros, se habían propuesto para los siete miembros de la antigua junta directiva de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), para los que también se proponía un año de suspensión de empleo. Finalmente, 6 de ellos han alcanzado un acuerdo, mientras que el que fuera portavoz de la entidad por aquel entonces, César Cabo, se ha negado a pactar. Del resto de controladores que no formaban parte de esta junta directiva de USCA, solo 13 no han alcanzado un acuerdo y podrían ser multados con 60.000 euros.
Esta causa en Madrid es una de las 20 que se abrieron en juzgados de toda España, aunque la mayoría fueron archivadas y los controladores salieron indemnes. En este caso, el juicio comenzará el 15 de enero y se extenderá hasta el 18 de marzo.
Indemnización
El fiscal resalta en su escrito de acusación la condición de funcionarios públicos de los acusados, así como que prestaban un servicio público “esencial”: el transporte aéreo. Por ello, exige una indemnización conjunta y solidaria para los damnificados, que cubra tanto el coste del billete de avión como los gastos derivados de las cancelaciones. A su vez, recalca que no solo se vieron afectados los vuelos de origen, de destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino que también aquellos que partieron desde otros lugares, pero sobrevolaban el espacio aéreo madrileño.
¿Qué ocurrió el 3 y 4 de diciembre?
La Fiscalía sostiene que decenas de controladores aéreos no acudieron a sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de diciembre, alegando disminución significativa de sus capacidades psicofísicas. Así, forzaron a la Dirección Regional Centro-Norte de Aena, que se encarga del tránsito de casi las tres cuartas partes del territorio aéreo nacional, a reducir la capacidad. Paralelamente, asegura que los controladores asistieron a una asamblea convocada por la dirección de USCA.
De acuerdo con la Fiscalía, los acusados eran conscientes de la situación “límite” en la que ponían a Aena, así como de que "se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos”. A su vez, mantiene que el sindicato actuó “al margen de cualquier convocatoria formal de huelga”.
