Las aguas bajan revueltas para Luis Ibarra en el final de su segundo mandato como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP). Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella contra Ibarra y el director de la APLP, Francisco Trujillo, que les acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por favorecer a Naviera Armas en Fuerteventura.
Según recoge el documento al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, presidente y director de Puertos de Las Palmas dictaron una serie de actos administrativos de forma fragmentada, que permitieron a Armas ocupar ilegalmente el dominio público portuario del recinto de Puerto del Rosario (Fuerteventura) por el doble de tiempo que estipula la ley. Esta situación favorable a la naviera canaria ha supuesto un perjuicio para sus empresas competidoras.
La denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de la capital grancanaria alega que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece que el plazo máximo para la concesión de este tipo de permisos es de tres años, prórrogas incluidas. Sin embargo, los querellantes sostienen que las autorizaciones dictadas por Ibarra y Trujillo de forma sucesiva han permitido a Naviera Armas ocupar una parcela de 1.105 metros cuadrados destinada al “depósito de mercancías y contenedores” en el Área 3 de la zona de servicio del puerto de la capital majorera por un plazo superior a seis años, más del doble del máximo legal.
