La patronal de las viviendas de uso turístico de Cataluña, Federatur, valora emprender medidas legales contra el nuevo decreto ley aprobado esta semana por la Generalitat, que busca frenar la hasta ahora incontrolable expansión de este tipo de unidades alojativas para dar un respiro al alquiler residencial. La Federación ha solicitado a los partidos políticos contrarios a la norma que la recurran ante el Tribunal Constitucional y planea reclamar 4.000 millones de euros en indemnizaciones en caso de que se produzca una denegación masiva de nuevas licencias.

Con la aprobación de esta norma, los propietarios que posean una licencia de vivienda turística dejarán de disponer de ella de forma permanente y deberán adquirir un permiso urbanístico en los próximos cinco años para mantenerla (hasta ahora bastaba con una declaración responsable). Asimismo, los dueños tendrán que renovar la citada licencia en periodos quinquenales y las tarifas variarán según el término municipal en el que se ubiquen. La norma afectará a 262 municipios, que podrán autorizar hasta 10 viviendas por cada 100 habitantes. 

El Govern ha informado de que el límite se supera ya en 47 municipios, por lo tanto, unos 28.000 pisos (del total de 102.000 que hay en la comunidad) deberán perder su actual licencia. Sin embargo, esta pérdida podría compensarse con el aumento de permisos en las 215 localidades restantes, donde todavía no se alcanza la ratio de 10 viviendas por cada 100 habitantes.  

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