El proceso de desescalada en España arrancó el pasado 11 de mayo, con la entrada en vigor de la ‘Fase 1’, con el objetivo de recuperar de forma progresiva la actividad turística, entre otras. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, ha alertado a las empresas turísticas de que los únicos protocolos válidos para retomar sus operaciones, son los elaborados por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), ya que, además de ser iguales para todo el país, cuentan con el sello del Ministerio de Sanidad. 

Según reseña EFETUR, Oliver justificó esta decisión alegando: “Touroperadores y agencias de viajes extranjeras nos piden homogeneidad. Los nuestros son los únicos (protocolos) que tienen el sello de Sanidad. Son los únicos válidos, homogéneos en toda España”. En este sentido, enfatizó que en los documentos desarrollados por el ICTE, con la colaboración de los Ministerios de Turismo y Sanidad, “se ha aplicado el sentido común", así como que están basados en una limpieza concienzuda y en el distanciamiento social.
 

El caso de Andalucía

Recientemente, la Junta de Andalucía rechazó el certificado desarrollado por el citado Instituto, denominado ‘Safe Tourism Certified’, debido a que los empresarios tendrían que pagar un alto coste por él: de entre "500 y 3.000 o 4.000 euros", según denunció su vicepresidente, Juan Marín. Como alternativa, el ejecutivo andaluz desarrolló su propio sello 'COVID-free', de carácter gratuito.  

En aquel momento, el Ministerio de Turismo defendió que no tenía nada que ver con el certificado impulsado por el ICTE y que tan solo solicitó a este organismo la elaboración de protocolos de prevención de riesgo para 21 subsectores turísticos, los que, matizó entonces, servían de guía y no eran de obligado cumplimiento. Ahora, sin embargo, sí parecen serlo. 

Cabe destacar que el ICTE es un organismo español, privado e independiente, sin ánimo de lucro, especializado en certificaciones de sistemas de calidad para el sector turístico. En su junta directiva figura la Secretaría de Estado de Turismo, las patronales del sector turístico, representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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