En 2010 se anunció la construcción de un recinto temático en el municipio de Alhama (Murcia): el Parque Paramount, que esperaba recibir a tres millones de visitantes anuales y generar más de 22.600 empleos. Sin embargo, el proyecto fue anulado en 2017 y ahora la empresa promotora, Premursa, reclama 39,58 millones de euros a la comunidad autónoma y al Consistorio de Alhama.

Precisamente, en 2010 se constituyó la sociedad Proyectos Emblemáticos Murcianos SA (Premursa), de la que el empresario y dueño del Grupo Santa Mónica, Jesús Samper, adquirió el 80%, mientras que la comunidad autónoma se hizo con el 20% por medio de dos instituciones públicas. Cabe destacar, que Samper falleció en 2015, antes de que el plan fuera anulado. 

Según apunta El Confidencial, Premursa llegó a invertir 39.584.108 euros para impulsar este proyecto, que estaba previsto que concluyera en 2015. De estos, 10 millones se destinaron a la compra de terrenos, 6,5 millones a la obtención de la licencia de Paramount, así como 6,2 a cuestiones técnicas. Murcia, al estar en la sociedad con el 20% de las acciones, porcentaje que posteriormente se redujo, conocía estas inversiones y, de hecho, las autorizó.

No obstante, el caso permaneció paralizado por diferentes cuestiones legales y en 2017 la Justicia canceló el “plan especial del complejo turístico-recreativo Parque Temático Paramount”, dando así la razón a Ecologistas en Acción, ya que las obras afectaban a un espacio natural protegido, ubicado en los terrenos colindantes. Definitivamente, el ayuntamiento de Alhama declaró anulado el proyecto a principios del pasado agosto. 

Al respecto, los herederos de Samper en Premursa consideraron en un escrito que su actuación fue diligente y culparon al Gobierno murciano de la cancelación de las obras, al no trazar los límites de este parque natural aledaño, lo que les ocasionó un "daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado" que avalan por medio de facturas. A su vez, la promotora presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración ante el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Sin embargo, lo más probable es que ambas partes acaben yendo a juicio por lo contencioso.