Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide (municipio turístico ubicado en Tenerife) explicaba en una entrevista concedida a la Cadena SER, que tanto Jet2 como TUI UK, han advertido que “no enviarán turistas a los municipios que tengan hoteles que alojen inmigrantes” llegados en cayucos a las costas canarias.

La presión ejercida por todos los actores del sector turístico, tanto desde los mercados europeos, como por los propios empresarios con intereses en Canarias (el turismo supone el 35% del PIB y 40% del empleo), también ha llevado a Onalia Bueno, alcaldesa del municipio turístico de Mogán (en el sur de Gran Canaria, concretamente en el que se ubica el polémico muelle de Arguineguín), a dar un ultimátum al Gobierno de España y a aquellos hoteleros que han suscrito contratos para el alojamiento de inmigrantes irregulares. Según informó El País, le han acompañado en esta comparecencia tanto Alejandro Marichal, concejal de Turismo y Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas), como la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), a través de su presidente Agustín Manrique de Lara, y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), representada por su vocal Nicolás Villalobos. 

Ultimátum al Gobierno Central y a los hoteleros 

En dicha comparecencia han establecido como fecha límite el 31 de diciembre para que los inmigrantes sean reubicados por el Gobierno y trasladados fuera de las zonas turísticas. De no ser así, se abrirían expedientes sancionadores a los propios hoteles. En este sentido, los ayuntamientos se muestran dispuestos a respetar los contratos ya suscritos entre la Delegación del Gobierno y los diferentes empresarios turísticos que alojan inmigrantes, aunque esto pudiera afectar a la campaña turística de Navidad que comienza semanas antes de esta fecha.

Sanciones de 300.000€

A partir de esa fecha se comenzaría a aplicar la legislación en materia urbanística y de uso de los establecimientos. Esta prohíbe expresamente dar otro uso a hoteles y complejos de apartamentos que no sea el estrictamente turístico, pudiendo alcanzar las sanciones los 300.000 euros.

El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ya había indicado en su visita a las islas que antes de que acabe el año estas personas serán realojadas en otro tipo de instalaciones. Cabe recordar que sólo en Gran Canaria el Ministerio de Migraciones ha alojado hasta ahora en 16 complejos turísticos a más de 6.000 personas que han arribado de manera irregular.