Dimisión en masa en el Gobierno de Países Bajos por un escándalo relacionado con la asignación de ayudas para el cuidado de niños. Se demuestra que miles de familias extranjeras residentes fueron acusadas, erróneamente, de fraude y obligadas a devolver importantes cantidades de dinero.

A pesar de esta renuncia en bloque, incluida la del primer ministro Mark Rutte, este mantendrán su cargo en funciones hasta las próximas elecciones generales del 17 de marzo. En De Telegraaf el profesor de derecho constitucional Wim Voermans lo ha calificado como "gesto simbólico". También dimitió ayer el líder del Partido Laborista, Lodewijk Asscher, que desempeñó el cargo de ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017.

El origen del escándalo

El caso se remonta a la legislatura anterior, cuando autoridades de la administración tributaria acusaron, sin fundamento alguno, de fraude a 26.000 familias que recibían un subsidio oficial para el cuidado de sus hijos. A partir de ahí, Hacienda comunicó a los padres de que no tenían derecho a las ayudas y por ello estas familias fueron obligadas a devolver lo recibido (en algunos casos extremos el importe alcanzaba los 100.000 euros). Tras un proceso que ha durado años, se ha hecho saber que los funcionarios de Hacienda llevaron a cabo esta acusación sin pruebas, sin embargo, la obligatoriedad de devolver los importes recibidos, ya había propiciado que muchas de estas familias hubiesen perdido sus hogares, se hubiesen endeudado o incluso arruinado.