El Gobierno de Bélgica tiene 30 días (a contar desde el miércoles, 31 de marzo) para poner fin a todas las restricciones excepcionales impuestas para hacer frente al Covid-19 después de que el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas las haya declarado como ilegales. Por cada día que incumpla el dictamen judicial, tendrá que abonar una multa de 5.000 euros.

Según informa Le Soir, el juzgado ha dado la razón a la demanda presentada por la Liga de Derechos Humanos (LDH) en nombre de todos los ciudadanos del país y como medida cautelar urgente ha aceptado la eliminación de todas las restricciones.

En la citada demanda se argumentaba un defecto de forma en el decreto del 28 de octubre de 2020 mediante el que se impusieron medidas restrictivas que, recientemente, fueron prorrogadas hasta el 1 de abril. En concreto, se ha reconocido que ninguna de las tres leyes invocadas para aprobar dicha orden permite al gobierno saltarse la obligación de aprobar en el parlamento unas medidas que menoscaban los derechos fundamentales.


 

Entre estas restricciones que Bélgica aplicaba actualmente se encuentra la restricción de la movilidad hacia y desde Bélgica, el cierre de hoteles, restaurantes, centros deportivos, culturales y de ocio. También dictaba al cierre de centros educativos y limitaba las reuniones personales.

Lo cierto es que Bélgica ha sido uno de los países más estrictos en lo que respecto a los viajes. De hecho, los viajes no esenciales desde y hacia Bélgica están prohibidos, con excepciones como viajes laborales, estudios, pueblos fronterizos, etc. Todo hace prever que tras la decisión judicial podrán viajar. No obstante, la situación puede variar, ya que Annelies Verlinden, ministra del Interior, ha anunciado que el Gobierno recurrirá la sentencia.

En 2019 más de 1,6 millones de belgas visitaron España.

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