El fiscal paraguayo especializado en casos de narcotráfico Marcelo Pecci fue asesinado el pasado martes en la playa del hotel Decameron en la isla de Barú (Cartagena, Colombia) mientras disfrutaba de su último día de luna de miel. Dos sicarios aparecieron en el arenal en una moto acuática y, sin mediar palabra, uno de ellos se bajó y disparó dos veces a Pecci.
“Un impacto lo recibió en la cara y otro en la espalda”, ha detallado su reciente esposa y periodista, Claudia Aguilera, quien acababa de anunciar que iban a ser padres. Después de acabar con la vida del fiscal, los asesinos huyeron en la misma moto de agua —que había sido alquilada—. Tras lo sucedido, los turistas presentes en la que normalmente es una playa tranquila del Caribe colombiano se agolparon alrededor del cuerpo sin vida de Pecci hasta que fue trasladado por las autoridades.
Ahora, la policía de Colombia y la de Paraguay trabajan junto a funcionarios estadounidenses, para encontrar a los responsables del asesinato. De momento, solo disponen de una imagen, tomada por las cámaras de seguridad del local de alquiler de motos acuáticas, de un hombre con sombrero, gafas y ropa negra. Las autoridades ofrecen hasta 500.000 dólares (cerca de 480.000 euros) a quien dé información sobre los sicarios.
Recientemente, Pecci había participado en el caso Ultranza Py, una causa contra el narcotráfico en Paraguay, pero también ha llevado procedimientos en los que se ha encarcelado a funcionarios vinculados con un fenómeno creciente en Paraguay, la narcopolítica. “Es difícil establecer un vínculo del porqué, si bien todo apunta a que perjudicaba intereses del mercado criminal del narcotráfico vinculado a la cocaína”, explica al diario El País Juan Martens Molas, doctor en criminología y director del Instituto Comparado en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay.
